Representantes de asociaciones de damnificados piden más claridad para los trabajadores durante alertas meteorológicas y valoran las medidas del nuevo plan de empleo para la zona afectada
Las principales asociaciones de víctimas de la DANA se han reunido con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para expresar su “preocupación” ante la falta de protocolos claros sobre cómo deben actuar los trabajadores durante situaciones de alerta por lluvias o catástrofes naturales.
El encuentro tuvo lugar tras una petición conjunta de las asociaciones Damnificados Dana Horta Sud, Víctimas Mortales Dana 29O y Víctimas de la Dana, cuyos portavoces trasladaron a la ministra las inquietudes de numerosos empleados de la zona cero de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas.
“Muchos trabajadores no sabían si debían acudir a sus puestos o quedarse en casa ante la alerta roja, y algunos empresarios tampoco”, explicó Christian Lesaec, presidente de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud.
Un plan de empleo de 80 millones para la recuperación
Durante la reunión, Díaz informó de que el Gobierno ha activado el segundo plan de empleo para las zonas afectadas por la DANA, dotado con 80 millones de euros y destinado a crear 7.750 puestos de trabajo. Entre las medidas, se contempla anticipar el 100% del pago de los proyectos presentados para agilizar la reconstrucción.
Además, la ministra recordó la existencia del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el Plan de Emergencia Climática, e indicó que “las empresas deben cumplirlo sin excepción”. El Ministerio de Trabajo, añadió Lesaec, “tiene constancia de algunos incumplimientos” y estudia posibles actuaciones sancionadoras.
Posible creación de un ERTE climático
El Gobierno también estudia incluir un ERTE climático que permita a los trabajadores ausentarse de sus puestos en caso de catástrofes o emergencias meteorológicas, garantizando su cobertura económica.
“Sería una herramienta útil no solo para las lluvias, sino para cualquier situación de emergencia que impida desplazarse o trabajar con normalidad”, señaló el representante de los damnificados.
Díaz planteó, además, que los convenios colectivos incluyan cláusulas específicas sobre cómo proceder en escenarios de emergencia climática.
Críticas a la gestión sanitaria y promesas de revisión
Respecto a las lluvias de la semana pasada y el envío de alertas ES-Alert, las asociaciones lamentaron la falta de coordinación entre administraciones. Según Lesaec, el personal sanitario “recibió instrucciones confusas” sobre si debía acudir al trabajo, mientras que los pacientes “no sabían si mantener o no sus citas médicas”.
La ministra reconoció la necesidad de mejorar los protocolos, aunque precisó que “la competencia recae en Sanidad”.
Pequeñas empresas y autónomos, los más desprotegidos
Por su parte, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29O, subrayó las dificultades que enfrentan los autónomos y pequeñas empresas para aplicar la legislación laboral en estos contextos.
“Los trabajadores sin representación sindical son los más vulnerables. Necesitan canales de comunicación directos con la Administración”, apuntó Álvarez.
Las asociaciones coincidieron en que la reunión ha sido un paso importante para “aprender de los errores de la DANA de 2024”, pero insistieron en la urgencia de protocolos claros, rápidos y coordinados para evitar que el caos se repita.
