La primera jornada en Castellón comienza con problemas técnicos y una ofensiva de las defensas para conseguir la prescripción de los delitos. Algunos abogados aseguran que sus clientes están arrepentidos, mientras la Fiscalía cuestiona la sinceridad de las retractaciones. Entre los perjudicados figuran políticos de diferentes partidos y miembros de la judicatura.

Castellón, 16 de octubre de 2026. El caso Bar España, una de las campañas de acusaciones falsas más prolongadas y conocidas de la crónica judicial española, ha llegado este viernes a juicio casi treinta años después de su origen.

Seis personas se sientan en el banquillo acusadas de difundir durante años un relato que atribuía a políticos, jueces, empresarios y otros ciudadanos su participación en una supuesta organización de abusos sexuales a menores con base en un establecimiento de Benicarló.

Las investigaciones judiciales no acreditaron la existencia de aquella organización.

Sin embargo, las acusaciones circularon durante décadas, incorporando nuevos nombres y episodios cada vez más graves.

El juicio busca ahora determinar quiénes participaron en su difusión y si esas conductas constituyen delitos contra la integridad moral, injurias o calumnias.

La Fiscalía solicita hasta siete años y medio por acusado

Las peticiones iniciales del Ministerio Fiscal alcanzan los siete años y medio de prisión por cada uno de los seis procesados.

La suma de estas solicitudes representa 45 años de prisión.

Además, las acusaciones plantean importantes reclamaciones económicas por los perjuicios que consideran ocasionados.

Las informaciones publicadas sobre el procedimiento recogen indemnizaciones de diferente cuantía, algunas superiores al millón de euros.

El importe que finalmente pudiera reconocerse dependerá de las pretensiones admitidas y de la decisión judicial.

La primera sesión comienza con retrasos y problemas informáticos

La vista oral ha arrancado en la Ciudad de la Justicia de Castellón con dificultades técnicas.

Los problemas de conexión han retrasado el inicio de la sesión durante cerca de dos horas.

Tres de los acusados han comparecido presencialmente y otros han intervenido por videoconferencia.

La presencia telemática ha generado discrepancias entre las partes, especialmente por la importancia de las penas solicitadas.

Uno de los procesados, Javier Fernández Torres, ha decidido asumir su propia defensa por su condición de abogado.

Durante la jornada, el tribunal ha tenido que intervenir para garantizar el desarrollo de la comparecencia telemática.

Los abogados alegan que sus clientes están arrepentidos

Uno de los aspectos más relevantes de la primera sesión ha sido la posición expresada por varias defensas.

Los abogados de algunos acusados han manifestado que sus representados se retractan de las acusaciones difundidas.

También han sostenido que existe arrepentimiento por las consecuencias de aquellas publicaciones.

Sin embargo, la Fiscalía ha mostrado dudas sobre el alcance de estas manifestaciones.

El Ministerio Público considera necesario valorar si se trata de retractaciones efectivas y qué repercusión pueden tener sobre la responsabilidad penal.

La expresión de arrepentimiento por parte de una defensa no equivale automáticamente a la aceptación judicial de una atenuante.

Las defensas intentan frenar el procedimiento

Los abogados también han planteado distintas objeciones jurídicas.

Entre ellas destaca la posible prescripción de los delitos de injurias y calumnias.

Las defensas sostienen que parte de los hechos se remontan a periodos demasiado antiguos para mantener determinadas acciones penales.

También han cuestionado aspectos de la cadena de custodia de las pruebas y la legitimación de la Fiscalía para intervenir en algunos de los delitos investigados.

El juez ha rechazado las solicitudes de nulidad y ha dejado otras cuestiones pendientes de valoración en la sentencia.

¿Cómo comenzó el caso Bar España?

El origen se sitúa a finales de los años noventa.

Reinaldo Colás, un vecino de Benicarló, formuló acusaciones sobre supuestos abusos sexuales a sus hijas.

Aquellas denuncias fueron investigadas y archivadas al no acreditarse los hechos.

Posteriormente comenzó a difundirse un relato sobre una supuesta organización de pederastia vinculada a un bar de carretera.

La historia fue incorporando acusaciones contra personas que habían participado en las actuaciones judiciales iniciales y contra otras figuras públicas.

Con el paso del tiempo se añadieron referencias a torturas, rituales satánicos y asesinatos.

Las investigaciones no acreditaron la existencia de esa trama.

De una denuncia archivada a una conspiración difundida por internet

La expansión del relato coincidió con el crecimiento de los foros digitales, las páginas personales y las plataformas de vídeo.

Determinadas publicaciones comenzaron a reproducir testimonios y acusaciones sin comprobar suficientemente su veracidad.

La Fiscalía sostiene que algunos de los actuales procesados contribuyeron a amplificar aquellas afirmaciones.

También considera relevante que se mantuvieran publicaciones pese a conocerse resoluciones judiciales y retractaciones que cuestionaban el relato.

La responsabilidad concreta de cada acusado es precisamente una de las cuestiones que deberá determinar el tribunal.

Camps, Oltra, Fabra y Gabriela Bravo, entre los afectados

La supuesta organización criminal llegó a relacionarse falsamente con responsables públicos de diferentes formaciones políticas.

Entre los perjudicados figuran Francisco Camps, Mónica Oltra, Carlos Fabra y Gabriela Bravo.

También aparecen miembros de la judicatura y otras personas cuya reputación pudo verse afectada.

La diversidad de los nombres incluidos muestra cómo el relato fue creciendo con independencia de las diferencias políticas entre las personas señaladas.

El procedimiento judicial examinará los perjuicios derivados de esas publicaciones y las responsabilidades que puedan corresponder.

¿Por qué se juzga ahora a seis personas?

El procedimiento ha experimentado cambios importantes durante su larga tramitación.

En fases anteriores existía un número mayor de personas investigadas o acusadas.

Algunas fallecieron antes de la celebración del juicio, lo que extinguió su posible responsabilidad penal.

Finalmente, la vista oral se desarrolla contra seis personas físicas, junto con la reclamación de responsabilidad civil a una persona jurídica vinculada a un medio digital.

Seis jornadas para esclarecer las responsabilidades

El tribunal ha programado sesiones para los días 16, 20, 21, 22, 23 y 26 de octubre.

Durante esas jornadas se espera la comparecencia de más de treinta testigos.

También están previstas pruebas periciales relacionadas con el análisis de los materiales difundidos.

Las declaraciones permitirán examinar la intervención de los acusados, el origen de determinadas publicaciones y los posibles daños causados.

¿Puede una retractación evitar una condena?

La cuestión del arrepentimiento será uno de los elementos que deberán valorarse durante el proceso.

Una retractación puede tener relevancia jurídica en determinadas circunstancias, pero no supone automáticamente la desaparición de la responsabilidad penal.

El tribunal deberá analizar cuándo se produjo, su contenido, las conductas atribuidas a cada acusado y las normas aplicables.

También deberá pronunciarse sobre los argumentos de prescripción planteados por las defensas.

El verdadero objeto del juicio

El proceso no consiste en volver a investigar como si estuviera acreditada la existencia de una organización de pederastia en el Bar España.

El objeto es determinar si la difusión de acusaciones falsas, mantenidas durante años contra personas identificables, puede constituir delito.

Esta distinción resulta esencial para no reproducir como hechos las afirmaciones que originaron el procedimiento.

Casi treinta años después, el caso Bar España llega a juicio con seis procesados, solicitudes de prisión e indemnizaciones millonarias. La decisión final deberá establecer las responsabilidades individuales y resolver las objeciones jurídicas formuladas por las defensas.