El concejal de Urbanismo defiende la normativa municipal frente a las críticas de Compromís y asegura que desde la moratoria han salido del mercado 1.405 viviendas de uso turístico. El Ayuntamiento revisa además las obras denunciadas en las calles Carlos Cortina y Encarna Albarracín.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Juan Giner, ha respondido a las críticas de Compromís por la implantación de apartamentos turísticos en bajos comerciales y ha acusado a la formación de incurrir en una contradicción respecto a las decisiones adoptadas durante su etapa al frente del gobierno municipal.
Giner sostiene que fueron Compromís y PSPV quienes modificaron la normativa durante el anterior mandato para permitir viviendas de uso turístico en espacios que hasta entonces únicamente podían destinarse a bajos comerciales.
«Es sorprendente la desmemoria de Compromís, que abrió la puerta a la construcción de estos apartamentos en bajos comerciales, algo que ahora critica», ha manifestado el responsable municipal de Urbanismo.
Giner defiende la normativa sobre apartamentos turísticos
El concejal ha defendido que Valencia cuenta actualmente con una regulación mucho más restrictiva para este tipo de alojamientos y asegura que los efectos de la moratoria ya se reflejan en las cifras.
Según los datos aportados por Giner, 1.405 viviendas de uso turístico han salido del mercado. El edil señala además que las viviendas comercializadas en plataformas de alquiler pasaron de 10.343 en marzo de 2025 a 8.938 en marzo de 2026, lo que representa un descenso del 13,6%, cifras que atribuye a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Giner sostiene que la normativa puesta en marcha por el actual gobierno municipal es «la más exigente de España» y contrapone la situación actual con la existente durante los mandatos de Compromís y PSPV.
¿Quién concede las licencias?
Otro de los argumentos utilizados por Urbanismo responde directamente a las críticas sobre la concesión de nuevas licencias.
Giner ha remarcado que son los técnicos y funcionarios municipales quienes estudian los proyectos y comprueban si cumplen todos los requisitos establecidos antes de otorgar las correspondientes autorizaciones.
Según el concejal, con el actual marco regulatorio se ha pasado de lo que califica como una etapa de «barra libre de apartamentos turísticos» a que resulte «casi misión imposible» abrir una nueva vivienda de estas características en Valencia.
El caso de los apartamentos de la calle Carlos Cortina
Giner se ha referido específicamente al proyecto de la calle Carlos Cortina, denunciado por Compromís.
Según la versión ofrecida por Urbanismo, la empresa promotora tuvo que modificar inicialmente su proyecto para adaptarlo a la normativa municipal antes de conseguir la licencia.
El concejal asegura que la mercantil tuvo que renunciar al exceso de superficie terciaria planteado inicialmente para poder obtener la autorización.
El Ayuntamiento utiliza este caso precisamente para defender que existe un control técnico previo y que la concesión de una licencia está condicionada al cumplimiento de la regulación urbanística.
El Ayuntamiento revisa las obras de Encarna Albarracín
La respuesta municipal también aborda otro de los puntos que ha generado controversia: las obras de la calle Encarna Albarracín.
En este caso, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento está realizando inspecciones y ha solicitado un informe para determinar si los trabajos ejecutados se corresponden con lo autorizado en la licencia de obras.
Por tanto, el Ayuntamiento no da todavía por cerrado este segundo expediente y deja pendiente del correspondiente informe técnico-jurídico determinar si las actuaciones realizadas cumplen lo autorizado.
Giner contrapone también las cifras de vivienda pública
La respuesta del gobierno municipal amplía el enfrentamiento político al ámbito de la vivienda pública.
Giner afirma que durante los años de gobierno de la izquierda se construyeron 14 viviendas públicas, mientras que el actual ejecutivo municipal ha puesto en marcha más de un millar durante los últimos tres años.
De ellas, según los datos proporcionados por el concejal, 523 ya se han incorporado al parque público municipal de vivienda.
El debate sobre los apartamentos turísticos vuelve así a enfrentar al gobierno de María José Catalá con la oposición en torno a uno de los asuntos que mayor presión está generando en determinados barrios de Valencia: la convivencia entre el uso residencial, la actividad turística y la disponibilidad de vivienda.
